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En la edición del sábado 24 de abril pasado del newsletter InformadorPúblico.com, la Asociación Amigos de la Boca, a través de su presidente Alfredo Alberti, manifiesta estar en contra del fallo de la Corte, que supuesta-mente favorecería a la pastera Botnia, basando su postura en diversas falacias. Mi opinión es que el fallo de la corte ha sido el clásico lavado de manos y el mensaje enviado es el de siempre: “Arréglenselas entre ustedes. El tribunal está para cosas más importantes que se refieren solamente a cosas que suceden en el mundo civilizado. Los indios sudacas, compradores de espejitos, no son bien recibidos en este tribunal.”
Tampoco estoy yo de acuerdo con el fallo de la Corte porque no ha considerado las evidencias de que Uruguay SÍ cumplió con el Tratado del Río Uruguay, llegando en 2004 a un acuerdo con Montevideo sobre el tema de las pasteras. Las pruebas están en los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores, de modo especial en el mensaje “El Estado de la Nación” del presidente Kirchner al país el 4 de diciembre de 2004.
El resultado del fallo fue predicho con absoluta precisión por nuestros análisis del problema “Uruguay-Botnia-Gualeguaychú-Argentina” publicados en nuestro sitio web de la Fundación Argentina de Ecología Científica (FAEC) sobre el futuro de la planta y del fallo de la Corte de La Haya.
Decíamos en 2006 que después de haber comprobado que el argumento técnico y científico de la “contamina-ción criminal” de las plantas de celulosa, incluida especialmente la de Botnia en Fray Bentos, se caía por su muy fuerte carga de inexactitudes y falsedades conceptuales, e ignorancias sobre las metodologías y regula-ciones internacionales obligatorias; y que el único argumento al que el gobierno argentino sigue aferrado es el político de “Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay”, por otra parte totalmente desvirtuado por la abundante documentación en la Cancillería y el Senado argentino, que demuestra lo contrario, nos había que-dado muy claro que la postura de la Asamblea de Gualeguaychú era pura y casi exclusivamente emocional. La ciencia estaba totalmente ausente del planteo.
El Presunto Incumplimiento de Uruguay
Lo que nos trae de vuelta a la declaración de la Cancillería Argentina del 3 de febrero del 2006, donde se acusa al Uruguay de incumplir el tratado CARU, al no avisar que instalaría las plantas sobre el Río Uruguay y hacerlo de manera inconsulta. Sin embargo, la mala memoria de los funcionarios argentinos (o el particular estilo en boga hoy) les ha hecho ocultar a la población argentina –sus mandantes- que el 14 de abril de 2004 el canciller Bielsa declaró ante la cámara de Diputados argentina:
“Respecto de M`Bopicuá, el acuerdo que suscribimos con Uruguay va a tener tres etapas. Una primera etapa es la que culmina con la aprobación del emprendimiento. Esta etapa tiene un ámbito que es la Comisión del Río Uruguay – la CARU- en la que la Argentina va a recibir toda la información por parte de Uruguay.”
“Como se sabe la Argentina ha presentado dos informes de impacto ambiental y los informes contienen los planes de remediación. La segunda etapa, que es la de construcción, es de cuatro años, respecto de la cual la Argentina va a tener una posibilidad de monitoreo, que no es un tema trivial, porque el punto está puesto en que existen procesos tecnológicos que permiten reducir al mínimo las consecuencias medioambientales, excepto que las plantas que tienen esa naturaleza son mucho más caras.”
“Entonces, Uruguay, en su carácter de país verde, es el sexto país en protección del medio ambiente a nivel mundial y tiene muy en cuenta estas preocupaciones. Me pareció que era una incumbencia que podemos reclamar de acuerdo con el tratado del Río Uruguay y la Comisión va a ser la que va a monito-rear la construcción.[...] Luego de un largo proceso, la Argentina y Uruguay llegaron a ese acuerdo.”
Mensaje de Kirchner al Senado, 2004
En la Memoria Anual del Estado de la Nación 2004 (Argentina), presentada por el entonces señor Presidente Kirchner al Congreso de la Nación, reza así:
“En el mes de marzo, Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo bilateral, poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. Este acuerdo respeta la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a través de la CARU". (Página 127 de la Memoria 2004. "Planta de celulosa M´Bopicuá (ENCE). De acuerdo a las coincidencias específicas de ambas delegaciones ante la CARU con referencia a la posible instalación de fábricas de pasta de celulosa a la vera del Río Uruguay, fue diseñado un Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en áreas de plantas celulósicas que junto con el Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay, contribuye a mantener la calidad del recurso hídrico. Asimismo fueron revisados y actualizados los estándares de calidad de Agua, restando su incorporación al Digesto de Usos del Río Uruguay."
Sin embargo Argentina fue a La Haya protestando porque Uruguay no cumplía con la normativa vigente - a pesar de haberlo reconocido, de manera explícita y taxativa, mediante un acuerdo entre las partes.
También nos hicimos eco de las declaraciones del Senador Rodolfo Terragno, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con quien no he compartido su pensamiento político de otrora o el actual pero que, nobleza obliga, cuando habla cosas sensatas no puedo menos que darle el crédito que merece. Re-sumiendo sus opiniones y razones para solucionar este conflicto artificial, Terragno dice que:
La Corte no ha accedido a prevenir ni los ensayos nucleares. Cuando Francia anunció, en 1995, que reasumiría las pruebas atómicas en el Pacífico Sur, Nueva Zelanda acudió a La Haya. Temía que su medio ambiente sufriera daños irreparables y pidió que se suspendieran las pruebas. El pedido fue denegado.”
También le dio Terragno algunas pistas a la Cancillería Argentina, con la sana intención de que no se interne más en el pantano:
“La presidenta de la Corte, Rosalyn Higgins, pertenece al Reino Unido: un país que blanquea con dióxido de cloro. Otros poderosos miembros del tribunal representan a grandes naciones papeleras: Thomas Buergenthal, a Estados Unidos, primer productor mundial; Shi Jiuyong, a China (tercero); Hisashi Owasa, a Japón (quinto), y Rony Abraham, a Francia (12°). Ninguna de esas naciones utiliza el TLC.
Es improbable que la Corte ponga bajo sospecha la tecnología que domina la industria celulósica mundial. Pero si así lo hiciera, llegaría tarde.
Según el senador Terragno, esto no será solucionado ni por La Haya, ni la OEA, ni el Tribunal de Asunción. Sólo los jefes de estado pueden ponerle fin al asunto: como lo he mantenido desde el principio, la solución se consi-gue haciendo cumplir las leyes, tanto las ambientales que rigen en Uruguay (y bien severas que lo son) y las exigencias de la Constitución Argentina de asegurar el libre tránsito por las rutas y caminos de la Argentina. Lo último que dice Terragno y que remata sus enormemente sensatas opiniones es:
Kirchner y Vázquez debieron procurar que el conflicto de las papeleras no se convirtiera en el papelón de dos presidentes inhábiles para resolver un problema menor en una región que (de no ser por la torpeza de sus pro-pios gobiernos) jamás se hubiera vuelto inflamable. Ahora es el turno de los actuales presidentes de Uruguay y Argentina.
Pero es sabido que la sensatez de los consejos del Senador Terragno no será tenida en cuenta jamás por los miembros de un gobierno que se estuvo comportando como un ejército de elefantes y pingüinos galopando por la sala de exposición de la Compagnie des Verreries et Cristalleries de Baccarat. ¡Qué placer que deben sentir destruyendo todo!
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