Los principales beneficiarios de tales medidas han sido los proveedores de equipos y servicios de CCS y los participantes de los intrínsecamente inútiles mercados de carbono, que no tienen ningún fundamento económico real y se mantienen solamente por una demanda artificial creada sobre una necesidad inexistente. Vale añadir que tales mercados se han prestado a toda suerte de actividades fraudulentas, inclusive en Brasil, donde las autoridades investigan contratos ilegales de carbono que involucran a tribus indígenas del Amazonas, y la creación irregular de áreas de protección ambiental como excusas para tales fines, en el estado de Sao Paulo.
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