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Impuesto al delirio

Por Alejandra Cardona

Hablemos de Minas en Facebook
Abril 25, 2011

Naveguemos por un instante en el terreno imaginario de la suposición.

SUPONGAMOS que los ambientalistas logran imponer su punto de vista; y que todo lo que pregonan se asume como algo creíble, logran consenso y se empieza a obrar en consecuencia. Creíble, sabemos, no siempre es veraz, pero en este caso suponemos que si por las dudas. SUPONGAMOS que nos conven-cieron a todos los que apoyamos la minería de que somos realmente estúpidos, y ya cansados de renegar, nos resignamos a aceptar lo que la mayoría ha dispuesto.

SUPONGAMOS que las empresas mineras se asuman como estúpidas, todas a la vez, y que al margen de sentirse damnificadas en su derecho a ejercer una actividad productiva lícita, estén dispuestas a retirarse, dejando obviamente todo en condiciones antes de tomar el avión para volver a su país de origen. Todo esto lo harán por estúpidas y asumirán los costos y consecuencias.

El triunfo ambientalista SUPONDRÍA también poner en evidencia al Estado que ha promovido en su estúpido interés nacional, la promoción de este desarrollo industrial (porque ahora se entendería que haber declarado la minería como de utilidad pública y haber legislado para convertir al país en un es-cenario atractivo a las inversiones mineras, terminó siendo una soberana estupidez). Por haber sido tan estúpido, el Estado deberá afrontar juicios millonarios por parte de las empresas; pero eso no es lo más importante: una mala la tiene cualquiera y no hay mal que dure cien años. Además, as deudas se pagan a la larga o a la corta, aumentando los impuestos como todos sabemos.

En este contexto, el Estado deberá modificar las leyes, derogando todas las “leyes mineras” junto con su código; y sancionar nuevas leyes que recojan, detallen y amplíen los principios del status quo am-biental. Ya tenemos varios legisladores que han esbozado estas brillantes ideas, así que podemos estar tranquilos porque este tipo producción intelectual no conoce límites cuando se trata de satisfacer a quienes los aclaman.

Volvamos al presente: Las provincias que cuentan actualmente con explotaciones mineras en su terri-torio; además de los beneficios derivados de la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, perciben ingresos pagados por las rapaces multinacionales en concepto de impuestos y regalías por la actividad que realizan en su territorio. De materializarse las ideas ambientalistas, al volvernos todos súbitamente imbéciles; habría que echar del país a todas, dejar a miles de trabajadores en la calle – previa indemnización- y también dejar de percibir esos ingresos.

Con esto se desencadenarían algunas primeras consecuencias lógicas, entre otras, a saber:

Para morigerar este descalabro; propongo que los grupos e individuos ambientalistas antimineros pa-guen el equivalente a esas regalías e impuestos en el preciso momento en el que dejaran de percibirse en todo el territorio nacional durante un tiempo, digamos unos 8 o 10 años que no es mucho; hasta que el país encuentre la manera de ajustar sus estructuras productivas en un nuevo esquema importa-dor no solo de productos manufacturados, sino de insumos tales como minerales metálicos y no metá-licos básicos y esenciales de los cuales, obviamente, no podemos prescindir (tenemos muchas otras industrias que los ambientalistas no tienen problemas en que sigan funcionando).

Quizá una economía profundamente dependiente, más que en la época colonial, nos permita vivir en armonía con la naturaleza y sin conflictos sociales, que de existir no nos enteraríamos una vez que todos nuestros televisores, radios, teléfonos, computadoras, luz, etc. dejen de funcionar y su repo-sición se vuelva tan cara que no valga la pena.

Después, que queden solo con el equivalente al 3% de las regalías. Sería desmesurado exigirles más y nuestra estupidez no nos permitiría ir más allá. Pero ojo! Que el pago lo hagan sólo los miembros de esas organizaciones (de hecho o legalmente constituidas) que son privadas, ambientalistas y están identificadas; y aquellos particulares que públicamente agitaron para que así sea, que son harto conocidos y que, coherentes con sus principios, no se retractarían de su postura. Sumemos: Con el dinero del premio Nobel, el Nobel alternativo y las ganancias de los filmes de Pino, un par de sueldos de los famosos antimineros y tantos contribuyentes a Greenpeace, y otras asociaciones civiles locales; ya se puede armar un lindo fondo, no? No agrego la dieta de Bonasso, Filmus, Reyes, Alcuaz, Carrió, entre otros, porque sus sueldos los pagamos todos. Pero podría afectarse su patrimonio a perpetuidad.. opciones no faltarán.

Como nombre le pondría… no estoy segura… pero puede ser “Impuesto selectivo para la prevención de la industrialización pro-status quo”. Ya que los ambientalistas dicen que el 3% es poco en términos absolutos y desconocen los demás impuestos que pagan las mineras; seguramente no tendrán proble-mas en pagarlos.

Ah! Que la obligación alcance a sus familiares directos, indirectos, vecinos, amigos y respectivos des-cendientes a perpetuidad. No vaya a ser que en poco tempo nos quedemos sin ingresos para cuidar el medio ambiente porque no nos queden ambientalistas!!!

Me dirán que es una locura mi propuesta, que no tiene fundamentos, que se basa en la arbitrariedad, que no cabe en la cabeza de nadie, que ningún economista razonable apoyaría la iniciativa, que los legisladores estarían locos si la impulsaran…. mmmmmmmm …. Les suena?

Señores, estoy proponiendo simplemente que los más fervientes defensores de la ecología blanqueen su trabajo y tributen por ello. Actualmente, las ONG están exentas de muchos impuestos, se valen de la figura del voluntario para llevar a cabo sus acciones, reciben dinero de donaciones de particulares y empresas. ¿Acaso importaría si no tengo fundamentos, mientras enarbolo la bandera del bien común?

Creo que lo que sucedería, finalmente, es que veríamos a los ambientalistas (ya no antimineros, en razón de conveniencia) pregonar que es posible y necesaria la minería sustentable; y que ellos estarían dispuestos a participar activamente para un desarrollo armónico y ambientalmente amigable de la industria.

La pregunta es ¿Hace falta materializar el descalabro? La respuesta es obvia y es: No, no hace falta. Lo que hace falta es ponerse a pensar, en vez de pregonar prohibiciones.

Alejandra Cardona
Programa radial Hablemos de Minas
FM 104.1 Activa –Salta



COMENTARIO DE FAEC: La gente tiene que convencerse de una vez por todas que no existe eso de “un almuerzo gratis”. Todo tiene su precio y su costo, nos guste o no. No se trate de retorcer argumentos para conseguir que una clavija cuadrada entre en un agujero circular. Las cosas son muy claras.

Por todo lo que queremos obtener hay que pagar un precio porque eso que queremos tuvo su costo de producir. Si queremos un kilo de asado hay que sacar del bolsillo los billetes necesarios. Tanto te doy; tanto me das. Una ley tan eterna e inflexible como la de la gra-vedad.

Los ecologistas quieren un ambiente como a ellos les gustaría tener, sin importarles si con eso causan graves daños a mucha gente. Eso tiene un costo que ellos no quieren pagar, sino que otros deberán hacerlo. Si lo quieren pueden obtenerlo: pero paguen por sus dese-os o caprichos lo que los demás van a perder.

Una situación similar se determina muy bien en algunas legislaciones laborales como la de Alemania y Portugal, por ejemplo. Si una huelga contra una fábrica provoca perjuicios económicos a terceros ajenos al conflicto gremial, el sindicato deberá resarcir los daños económicos causados a todos los perjudicados a lo largo de la cadena de producción, distribución y venta. Nadie les niega el derecho a protestar o ir a la huelga. Sólo se les obliga a pagar los daños causados a los inocentes ciudadanos que no tienen arte ni parte en asunto, ni los medios para evitar esos perjuicios. Los medios que disponen están conte-nidos en las disposiciones legales que LIMITAN al derecho de huelga y lo encuadran dentro del más razonable sentido común: el BIEN GENERAL de la sociedad. Si esa legislación tan sabia se promulgara en Argentina se acabarían los piquetes y los perversos abusos que los sindicatos argentinos infligen a una población indefensa a la que toma constantemente de rehén para exigirle rescate al gobierno.

Si los ecologistas quieren su ambiente prístino como ellos exigen, que paguen los prejui-cios que causarán a miles, o millones de argentinos. Las campañas que llevan adelante contra la agricultura, la minería, y toda clase de industrias productivas mantiene al país en un estado de casi inmovilidad y perpetuamente dependiente de las importaciones y de los intereses de corporaciones multinacionales -que los usan como una muy útil herramienta y los financian generosamente.

Eduardo Ferreyra
Presidente de FAEC


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