Los medios antimineros han repetido hasta el cansancio que “se ha prohibido el uso del cianuro en Europa”. El mito se instala con la repetición de frases sencillas, rápidas, que no dejen pensar, efectivas, panfletarias. Mito del que se hacen eco algunos políticos, como el Diputado mendocino Infante, que en declaraciones publicadas por el Diario UNO (25 de julio) dijo: “el Parlamento Europeo reciente-mente dictó una resolución en contra (del uso del cianuro en la actividad mine-ra), y especialistas en el tema se manifestaron en el mismo sentido”. Y también enfatizó: “en estos tiempos en el mundo se utilizan otras tecnologías para esas tareas”.

“Considera que el cumplimiento de los objetivos de la UE, estable-cidos en la Directiva marco sobre la política de aguas, esto es, con-seguir un buen estado químico de las aguas y proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica, sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro” .

“Pide a la Comisión que proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011”

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en que se empleen tecnologías mineras a base de cianuro, hasta que sea aplicable la prohibición general, ni respalden proyectos de esas características en terceros países”.

Una resolución que no es vinculante ni obligatoria para la Comisión Europea, y menos aún para los estados miembros. Pedido de pro-hibición que es elevado a la Comisión Europea para su estudio técnico y, si es aprobada, bajada a los países miembros, para ser convertida en proyectos de ley que deberían ser tratados en sus parlamentos, modificada, votada, aprobada o no, vetada o regla-mentada por sus ejecutivos.

Y murió antes... El Comisionado Europeo para el Medio Ambiente, el Sr. Potovènik, en nombre de la Comisión Europea, ha emitido el siguiente comunicado rechazando el pedido del parlamento, de fecha 23 de junio, que dice:

“Después de un análisis en profundidad de la cuestión, la Comisión considera que una prohibición general de cianuro en la actividad minera no se justifica desde el punto del medio ambiente y la salud.”... “debido a la falta de mejores (en el sentido de causar menos impacto en el ambiente) tecnologías alternativas, una prohibición general del uso del cianuro implicaría el cierre de minas existentes en operación bajo condiciones seguras. Esto sería perjudicial para el empleo sin ningún valor agregado adicional para el ambiente ni para la salud” .

Se sigue usando cianuro en la minería europea. Y lo que es más importante aún, en los países serios se aplican los mecanismos legales, se recurre a informes técnicos y las decisiones se toman sobre bases científicas, en un marco de respeto a las instituciones y al conocimiento científico.

En Mendoza es distinto, el mismo Aldo Rodríguez Salas, un defensor de la ley 7722 acaba de confesar en la nota “La minera San Jorge y Perelman” del diario El Sol (22 de julio): “La ley 7.722 del 2007 es una norma surgida de la intranquilidad social de una provincia sin una política minera legalmente establecida. No fue fruto de la con-sulta a sectores de ciencia y técnica de la provincia, sino de una reacción social”. Y es totalmente cierto, la ley 7722 no responde a estudio científico ni técnico alguno, es la respuesta demagógica del gobierno ante la extorsión piquetera.

Curiosa manera de defender una ley, aduciendo la absoluta falta de estudios técnicos y científicos que la avalen.