por Eduardo Ferreyra
El asunto de las papeleras y los cortes de ruta ya no dan para más. El interés del público se ha vuelto hacia la iniciación del Campeonato Clausura y los próximos Corsos del Carnaval de Gualeguaychú. El viejo corso de los cortes de ruta y los desembarcos de Greenpeace ya aburrió.
Soltar los demonios es una tarea relativamente fácil. Sólo basta con levantar la tapa de la caja y dejar que salgan a divertirse por ahí. Las consecuencias pueden resultar imprevisibles, sin embargo, ya que cuando se elije como compañero de cama a perso-najes tan peligrosos como Greenpeace, no se extrañe uno si se termina con la honra mancillada y la virginidad perdida.
Porque el asunto de las papeleras ha entrado en un callejón político sin salida elegante, ni mucho menos barata. Hay costos que afrontar, políticos y pecuniarios, por si no se habían percatado. Y no hay que extrañarse si después de esta aventura al pueblo Argentino la payasada verde le termina resultando algo costosa en divisas. Como siempre, el tonto del pueblo paga los platos rotos.
De noticias aparecidas en los diarios, se destaca la siguiente publicada por La Nación:
Impulsado por el pedido que la última semana le hicieron el presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, buscará que las quejas por la instalación de dos papeleras en Uruguay ya no remitan indefectiblemente a los cortes de rutas. Por ello, se reunirá hoy con grupos de ambientalistas y de vecinos de Gualeguaychú, a quienes les reclamará una nueva modalidad de protesta. Menos piquetes y más actividades culturales, propondrá Busti, según confirmó el mandatario provincial a LA NACION.
Evidentemente, los piquetes no se pueden consideran actividades “culturales”, aunque la “metodología piquetera” haya sido legalizada por el actual gobierno nacional. El gobernador Busti declara a La Nación algo que alarma por el reconocimiento que hace de los delitos cometidos:
“Hay una denuncia penal contra los directivos de las empresas [Botnia y ENCE] por tentativa de contaminación, y los cortes pueden influir en nues-tra contra, porque, al cabo, nosotros también estamos incurriendo en un delito por afectar la libre circulación", confió Busti en una comunicación telefónica.”
”-Yo tengo que advertir que los cortes perjudican el objetivo, pero no cuento con más ele-mentos. No habrá represión, eso está claro, aunque como la ruta que se corta es nacional, ahí deben intervenir la justicia federal y la Gendarmería, que depende del Gobierno. Yo no puedo hacer más que intentar convencerlos.”
En un foro del diario La Nación se emitió una muy interesante opinión y un breve pero jugoso análisis del tema que puede resumirse de la siguiente manera:
“En una enumeración cronológica de los preceptos que nos ocuparán, el Artículo 11 de la Constitución Nacional expresamente dice: “Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes buques o bestias en que se trans-porten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio”.
Continúa la Constitución Nacional, y en su Artículo 14 dice que todos los habitantes de la Nación tienen derecho a “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Lo que conjugado con el Artículo 20 se hace extensivo y de aplicación a los camiones chilenos, propiedad de empresas chilenas, quienes se encuadran en este último Artículo, que se inicia diciendo “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.
Por su parte, el Código Civil, en su artículo 1109 dispone, parcialmente, que “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio”.Por último, como para dejar claro que las acciones llevadas a cabo hasta ahora por este movimiento ambientalista es de una ilegalidad e ilicitud manifiesta (lo que deja abierta las puertas a justificadas demandas judiciales por daños y perjuicios causados durante la comisión de un delito, el artículo 22 de nuestra constitución expresa con claridad:
Artículo 22 - El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
Quien opina en el foro de La Nación afirma que los propietarios de los camiones chilenos “detenidos” por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (¿quiénes son? ¿Hay responsables identificados?) sufrieron cuantificables daños materiales, por la detención ilegal e ilegítima de la que los camiones fueron objeto. Los chóferes (algunos de ellos con sus familias) sufrieron también, con certeza, daños morales por la situación de secuestro que debieron haber experimentado: imposibilitados de seguir a su destino, y de retornar a su punto de partida, hasta que no estuviera la documentación aduanera disponible para así hacerlo.
Afirma además que “Resulta completamente comprensible que es imperativo reinstaurar la “institucionaliza-ción” del país. No sólo de los poderes públicos, sino de las fuerzas vivas de la sociedad, ya que es notoria-mente claro que los miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (¿?), violaron expresa y abiertamente la Constitución Nacional, y causaron daños, según lo previsto en el Código Civil, con absoluta impunidad.”
Más aún, la contundente opinión emitida en el foro continúa diciendo algo muy, pero muy grave por lo ajustado a la realidad:
Según la información disponible, muchos “miembros” de esta agrupación son políticos en ejercicio de puestos públicos locales entrerrianos, lo que permitiría concluir que tal impunidad se justifica en la demagogia, alentada por esta época, desde el mismo gobierno nacional.
Pero, al final, ¿quién causó los daños a los propietarios de los camiones chilenos, a los choferes chilenos? Fuenteovejuna. ¿No hay nadie identificado con nombre y apellido? Las cámaras de la televisión mundial dicen que sí: Greenpeace lo hizo portando banderas y estandartes que les identificaban con toda claridad, actuando como dicendo con su petulancia acostumbrada, “Acá estamos y mandamos nosotros, y don-de nosotros mandamos no manda Gendarmería, ni Policías ni Fuerzas Armadas.” Donde nosotros pisamos no crece más el pasto, deberían haber agregado.
Sin embargo, la “pueblada” que se consideró con suficiente derecho para causar estos daños no es la úni-ca responsable. Un gobernador de provincia que “solicita y pide” a la pueblada que interrumpa su accionar inconstitucional no es menos responsable. Un gobernador en ejercicio de sus funciones que no hace cumplir lo que las Leyes Nacionales le obligan, es tan cómplice como los delincuentes en abierta sedición que deliberan, gobiernan y disponen privaciones ilegítimas de la libertad y de tránsito en nombre de un Pueblo que no les ha votado ni les ha conferido tal mandato.
O cumplimos con las leyes que hemos aceptado para gobernarnos en paz y armonía, o el país caerá progre-sivamente en la anarquía y la disolución que las actividades piqueteras viene impulsando desde hace varios años. Ya se han dado los primeros pasos. ¿Cuántos más se habrán dado hasta que las autoridades caigan en cuenta de que no pueden seguir mirando para otro lado?
¿Cuánto tiempo más transcurrirá hasta que el gobierno se decida a meter a los demonios otra vez dentro de la Caja de Pandora que abrió sin pensar en las consecuencias? Pandora no pudo hacerlo. ¿Podrá hacerlo el gobierno? ¿Tendrá el coraje cívico necesario? Porque perder votos infunde miedo, no?
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