por Eduardo Ferreyra
El gobierno nacional se pronunció sobre la ausencia de medidas para garantizar el libre tránsito en rutas argentinas mediante una postura que le traerá más problemas que soluciones.
Cuando la demanda iniciada por Uruguay en el ámbito del MERCOSUR por los cortes de rutas y puentes entre Argentina y ese país, el gobierno nacional emitió declaraciones que lo adentran más todavía –si eso es posible- en el pantano diplomático en que se encuentra varado sin vistas a una salida. Dijo el gobierno que da “preferencia al derecho a la expresión sobre el derecho al libre tránsito.”
Varios y muy ilustres constitucionalistas argentinos se pronunciaron sobre tamaña barbaridad elevada a rango institucional, estableciendo niveles preferenciales de derechos, pero no es nuestra intención entrar en ese campo, sino mostrar la manera en que las cosas se miran a través de ojos izquierdos, no necesariamente estrábicos. El fallo judicial que sobreseyó a Aníbal Ibarra en el caso Cromañón provocó demostraciones y escenas que llevaron a la represión y detención de dos personas, una liberada en seguida, y otra aún detenida por haber “expresado” su repudio al fallo del tribunal. Dice la noticia:
Detenidos. En tanto, uno de los dos hombres apresados ayer durante la manifestación que familiares de víctimas de Cromagnon realizaron frente a la sede de la jefatura del gobierno porteño en repudio al fallo que favoreció a Ibarra permanecía detenido, mientras que el otro fue liberado.
Ambos fueron apresados mientras participaban de la manifestación en la que ocurrieron incidentes y trasladados a la comisaría 2º, en Perú al 1000.
La información fue confirmada a LANACION.com por fuentes del juzgado de instrucción 37, que tiene a cargo la investigación de lo ocurrido. Los voceros precisaron que el hombre que permanece detenido será trasladado hoy al Palacio de Justicia para declarar ante el juez Pablo Ormachea.
¿Nos preguntamos, un tanto sorprendidos; ¿Quién califica entonces para acogerse a la bendición presidencial del “derecho a la expresión”? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que las fuerzas de seguridad se abstengan de ponerle la mano encima a un “expresionista” durante sus momentos de “expresión”? Es condición sine qua non que la expresión sea "políticamente correcta"? ¿Es necesario que esa “expresión” sea funcional a las intenciones electoralistas del actual gobierno? ¿Qué pasará si la expresión es contraria a los deseos del gobierno? Ya hemos visto demasiadas veces en el pasado que en estos casos la figura de la Justicia se ha quitado la venda de los ojos y se abstiene de actuar con los “amigos” y se pone furiosa con los “molestos y los no adictos”.
Nadie se sorprenderá por esto, sin embargo, por lo menos nadie que tenga varios años residiendo en la Argentina, y que además tenga algo más de tres neuronas conectadas entre sí. “Eso viene sucediendo en la Argentina desde hace años,” nos dicen. La pregunta es: ¿Desde hace cuántos años? Grave es el reconocimiento de esta realidad y que a nadie se le haya ocurrido tratar de ponerle remedio.
La realidad nos muestra que desde el más ignorante de los concejales municipales hasta el más pomposo diputado y soberbio senador nacional, una vez que están en su “puesto” se lanzan a imaginar toda clase de ordenanzas, reglamentos, y leyes prohibitivas de neto corte fascista. ¿Qué es una ley fascista? Aquella que se basa en peligros o situaciones imaginarias, salidas de un análisis anticientífico de algún tema como el del las papeleras, el fumador pasivo, el DDT, los PCB, los CFC, el calentamiento global y otras tonterías míticas similares, y son presentadas como “salvadoras del Pueblo, su seguridad o su salud” con el objeto de asegurar el logro de objetivos políticos que van en contra de los intereses del pueblo y favorecen los de un grupo encaramado en el poder.
Ejemplo patente de este accionar pseudo científico fueron las leyes de eugenesia promulgadas en Alemania a partir del ascenso de Adolfo Hitler al poder, propulsor de un Nacional Socialismo que sólo se diferenciaba del Nacional Comunismo soviético en que se mantenía el concepto de la propiedad privada y se rechazaba el colectivismo. Las leyes de la pureza racial usadas por los nazis para proponer la “solución final”, es decir, la eliminación de los “indeseables de la sociedad” –mogólicos, tarados, débiles mentales, gitanos, judíos, y otras razas no arias- tienen su inicio en el pensamiento de “preclaros” filósofos ingleses, alemanes y norteamericanos del siglo 19, y 20, y puestas en vigencia, por ejemplo, en el estado de Virginia, EEUU, a mediados de la década del 1920.
Grave fue que una impresionante cantidad de políticos considerados entonces, y aún hoy, personas notables hayan aceptado una teoría que carecía absolutamente de toda base y verificación científica. Grave fue que aconsejaran que se dictasen leyes que estuviesen basadas en esa anticiencia.
Grave fue que pueblos enteros hayan votado por políticos que basaban sus ideas en ideas ya no pseudo científicas, sino totalmente anticientíficas, que iban contra todas las evidencias obtenidas y probadas durante cientos o miles de años, sobre el desarrollo y progreso de las sociedades sobre la Tierra.
Grave fue que el 90% de la población haya votado por Hitler en una elección considerada una de las más “democráticas” en la historia del planeta. Y pongo comillas “---” alrededor de "democráticas" porque ya resulta difícil saber qué es democracia, y qué diferencia a la democracia de hoy de la partidocracia, la plutocracia, la caquistocracia, o lo más abundante en los últimos años en Argentina, la “cleptocracia”, mucho más claramente definida como “chorrocracia”.
Grave es que la gente prefiera seguir votando por políticos que prometen una cosa y resultan ser unos “fachos” consumados. Como esta situación se ha repetido de manera constante, creemos que a los argentinos les gustan de alma los políticos “fachos”, pero de manera especial son fascinados por esos que “amagan con la izquierda y golpean con la derecha”, y protegen bajo su ala a delincuentes que les resultan funcionales.
Grave es que personas como un señor Juan Veronessi, famoso dirigente de los Asambleístas de Gualeguaychú digan acerca de la resolución de La Haya:
"... es digna de repudio de los ciudadanos comunes que no entendemos de leyes..."
¿Leí bien? Este señor RECONOCE que no entiende de leyes. La pregunta obligada: si no entiende de leyes, ¿las ha respetado alguna vez? Porque condición imprescindible para respetar y cumplir con las leyes es haberlas entendido. Si no se entiende el valor social que tienen las leyes, es imposible respetarlas ni cumplirlas -a menos de que se las haga respetar a palos por el lomo, cosa que ningún gobierno debería tener que hacer. Ya me lo imagino a Juan Veronessi asaltando negocios, conduciendo un automóvil a 200 km por hora, orinando en la acera a la vista de todos, evadiendo el IVA... o cortando rutas durante semanas y semanas. Entonces se nos hace claro por qué hay gente que repudia el fallo del tribunal de La Haya y el próximo fallo del tribunal del MERCOSUR.
Dado que ahora, de acuerdo a lo expresado por el Canciller argentino, siguiendo instrucciones de “más arriba”, es legítimo expresarse contraviniendo claras disposiciones de la Constitución y varios artículos del Código Penal -como ser cortando rutas y puentes- creemos que es ahora legítimo expresarse de la manera en que se nos ocurra y difamar a quienes se nos antoje. Sin embargo, la razón y las leyes de la Nación Argentina no lo permiten, aunque muchos ahora deberán interpretarlo de manera diferente. Pero disposiciones del ejecutivo nacional parecen haber dispuesto que algunos pueden ex-presarse como más le acomode a sus deseos y el resto del país no puede hacerlo, so pena de ser perseguidos por la Justicia. Ya que estamos en el asunto de hacer preguntas, “¿Cuál Justicia?”, ¿La de antes, o la de ahora?
Como decían los cerdos Orwellianos de Rebelión en la Granja una vez que asumieron “plenos poderes”:
“Todos los animales son iguales –pero algunos son más iguales que los demás.”Qué lindo sería estar entre los “más iguales” porque de ellos será el Paraíso. Me he expresado, y reclamo mi derecho a expresarme, que es superior a cualquier otro derecho que establezca la Constitución. Así ha sido declarado explícitamente por el gobierno argentino. No puede echarse atrás ahora. Perdería votos y las elecciones.
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