[del blog uruguayo: http://bustismos.blogspirit.com/]
Quien ha estado en la sala de emergencias de cualquier hospital, principalmente luego de un accidente de tránsito, ha podido ver el modus operandi de los únicos profesionales que saben sacarle el jugo a las desgracias: los abogados.
Los abogados forman parte - a diferencia de los médicos, ingenieros, arquitectos, etc.- de un selecto grupo de especialistas que lucran con los problemas y conflictos de la sociedad. ¿Un violador sale libre luego de una corta visita a la cárcel? Detrás estuvo su abogado. ¿Un capo mafioso es declarado inocente gracias a una argucia legal? Detrás estuvo su abogado. ¿Una familia entera queda en la calle luego de un violento desalojo? Detrás estuvo el abogado del propietario o del propio Estado.
¿Un corrupto gobernador recorre Argentina y el mundo, presentando denuncias judiciales contra el gobierno uruguayo? Detrás están un grupo de abogados que representan, acompañan y asesoran tanto a Jorge Busti en su carácter de ciudadano común y corriente como en su carácter de gobernador de la provincia de Entre Ríos.
Las principales autoridades del CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) han estado codo a codo con Jorge Busti, en su cruzada contra la instalación de industrias en territorio uruguayo. Tanto su presidente, Romina Picolotti, como su director ejecutivo, Jorge Daniel Taillant, han representado y acompañado a Jorge Busti ante los juzgados argentinos, ante los organismos internacionales e incluso presentado cartas ante instituciones financieras como el Banco Mundial o diversos bancos internacionales.
El año pasado, estas múltiples y continuas denuncias eran vistas casi como irracionales, ya que todos sabían que pocas o ninguna podían llegar a prosperar. Sin embargo, estos carroñeros tienen la misma mentalidad de Jorge Busti y todos sus movimientos judiciales tenían un motivo a futuro. Haciendo un símil con el juego de ajedrez, hay ciertas estrategias iniciales (como perder a propósito una pieza importante) que sólo muestran sus frutos casi al final de la partida.
Veamos un recorrido por algunas de las tareas que han llevado a cabo este grupito de profesionales (en el arte de "embarrar la cancha") durante los últimos meses.
En la denuncia penal por "contaminación en grado de tentativa", se presentaron conjuntamente Jorge Busti, en su carácter de gobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, en su carácter de vicegobernador de Entre Ríos y Romina Picolotti, en su carácter de presidente del CEDHA. Todos ellos fueron representados por los abogados Juan Carlos Vega (Mat. Fed. CSJN To. 61 f. 29) y Juan Miguel Picolotti (Mat. Fed. CSJN To. 66 f. 195).
En la presentación, en su página 5, podemos leer que "los denunciados extraerán gratuitamente recursos naturales pertenecientes a Argentina, por ejemplo, se utilizarán diariamente 86.000 m3 de agua del Río Uruguay". Por lo visto, estos abogados parten de una de estas dos premisas: las plantas de celulosa tomarán el agua desde las costas argentinas (utilizando un largo caño) o todo el río Uruguay es argentino.
Esta denuncia penal fue desestimada en primera instancia por el juez federal Quadrini, luego por la Suprema Corte de Justicia y, hace pocos días, por el Tribunal de Apelaciones.
En la reclamación que presentaron ante el Ombudsman y Asesor en Materia de Cumplimiento del Banco Mundial, el CEDHA representó a Jorge Busti en su carácter de gobernador de Entre Ríos. Esta presentación fue firmada por Jorge Daniel Taillant y cuenta con errores técnicos gravísimos, incluyendo la ya famosa frase (en la página 12) "el proyecto Botnia desechará 29 kilogramos de dioxinas por día".
Cabe recordar que esta reclamación, realizada por Jorge Busti como "funcionario público", fue apoyada en todo momento por el gobierno nacional argentino.
En la denuncia contra el Estado de Uruguay por violación de los Derechos Humanos, los ciudadanos argentinos Jorge Busti y Pedro Guastavino fueron representados por Juan Carlos Vega (Servicio Argentino de Derechos Humanos, SADH) y por Romina Picolotti (Centro de Derechos Humanos y Ambiente, CEDHA).
Esta presentación fue realizada en forma personal por los mencionados y no fue apoyada ni por organizaciones sociales uruguayas ni por el gobierno nacional argentino. En la misma, Jorge Busti y Pedro Guastavino denunciaron a Uruguay por los delitos de violación a: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, los derechos del niño, protección judicial, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad de la persona, el derecho a la protección de la maternidad e infancia, el derecho a la preservación de la salud y el bienestar, etc., etc., etc.
En la página 19 de la denuncia, podemos encontrar, otra vez!, la referencia a las dioxinas, indicando que "con los datos propios del IAR (Impacto Ambiental –Resumen) hemos calculado que se pueden estar enviando 29 Kg. de Dioxinas por día al Río."
Esta denuncia contra el estado uruguayo (es decir: contra todos los uruguayos) muestra claramente que el objetivo principal de Jorge Busti y su banda no está limitado a la instalación de dos plantas de celulosa frente a las costas entrerrianas, sino que ha buscado la confrontación directa con los uruguayos para echar leña en el conflicto.
Por otra parte, esta serie de denuncias a nivel nacional e internacional, les sirvieron de base a esta banda delictiva para sentar las bases y poder así presentar fundamentos legales en las reclamaciones que posteriormente realizaron ante organismos de crédito internacionales.
Es decir, durante varios meses generaron varias demandas judiciales, para luego así poder utilizarlas como método de presión ante el BBVA de España y el ING de Holanda, así como también ante cualquier entidad financiera que "ose" evaluar la posibilidad de otorgar un crédito a las plantas de celulosa de Uruguay.
La presentación ante la CFI del Banco Mundial hizo agua por todos lados, a pesar de las declaraciones triunfantes que realizaba Jorge Busti a mediados del año pasado, cuando pronosticaba un respaldo total del Banco Mundial a la postura argentina.
La denuncia ante la CIDH, con una medida cautelar para suspender en forma inmediata la construcción de las plantas de celulosa, sigue sin avanzar, a pesar que ya pasaron ocho largos meses de su presentación.
La demanda penal presentada en juzgados federales argentinos ha sido desestimada en primera instancia, en la Suprema Corte de Justicia y en la apelación presentada por el gobernador entrerriano.
Sin embargo, estas tres denuncias siguen siendo utilizadas por Jorge Busti y su grupo de buitres carroñeros para presionar a la banca internacional y así intentar bloquear los préstamos a Botnia y Ence.
Sería bueno que se comience a investigar las relaciones comerciales que existen entre Romina Picolloti, Juan Miguel Picolotti y Juan Carlos Vega con Jorge Busti, ya que no sólo han representado a este último en su carácter de ciudadano, sino que también lo han hecho en su carácter de gobernador de Entre Ríos. Además, según propias declaraciones de Jorge Busti, este grupo de profesionales actúan como asesores legales de la Provincia de Entre Ríos.
¿Puede presentar la gobernación entrerriana documentación que respalde las contrataciones realizadas con estos abogados y asociaciones? ¿Se realizó un concurso previo para estudiar los antecedentes de cada uno? ¿No es mucha casualidad que los mismos abogados que representan al ciudadano Jorge Busti también representen al gobernador Jorge Busti?
De mi parte, mis más sinceras felicitaciones a Romina Picolotti y Juan Carlos Vega, las únicas personas que realmente se han visto beneficiadas por el conflicto internacional que ha dividido a dos países hermanos. Como abogados, 10 puntos. Como seres humanos, 0 puntos.
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