El Diario.com de Montevideo
La delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) prohibió la divulgación del último infor-me técnico sobre el estado del río Uruguay, que analiza un laboratorio en Canadá, que realiza con regularidad en el marco del monitoreo conjunto para monitorear una eventual contaminación de la fábrica de pasta de celulosa de UPM, en el departamento de Río Negro, informó El País en su edición de hoy.
Luis Hierro López, uno de los delegados uruguayo en la CARU, declaró al diario que “a esta altura contamos con tres informes del laboratorio canadiense que están a estudio del comité científico, y por la negativa de la delegación argentina (…) estos informes no se han volcado a la opinión pública".
Los estudios realizados por la uruguaya Dirección Nacional de Medio Ambiente “han dado resultados normales", dijo su titular, Jorge Rucks.
Comentario de FAEC: Desde el mismo comienzo de este desgraciado asunto, las autorida-des argentinas han venido transitando el camino equivocado. Gravemente equivocado. Hicie-ron la vista ciega al sentido común y a todo lo que la ciencia y la técnica tienen disponible. No hay peor ciego quien se niega a ver. Esa parece ser, desgraciadamente, una costumbre muy extendida desde hace ya varios años, cuando en la búsqueda del apoyo popular para un progra-ma de gobierno en particular, no dudó en hacer una apelación a una “causa nacional” que no era tal. Olvidó, o ignoró deliberadamente que en Argentina las plantas de celulosa que existen contaminaban realmente al ambiente con niveles inaceptables para cualquier lugar del mundo donde las regulaciones internacionales están vigentes y en funcionamiento. Como en Uruguay.
Eduardo Ferreyra
Con una política ambiental que bordeaba –y aún lo hace- en el desastre ecológico y sanitario, una postura como la demostrada no puede calificarse sino de hipócrita y malintencionada. La corrupción que se encontraba en materia de cuidado del ambiente fue la base de la instalación de Botnia, hoy UPM, en territorio uruguayo y no en el argentino, donde se había planeado ori-ginalmente. Y el conflicto se agravó cuando fue impulsado desde un principio por la organización antinacional Greenpeace con la gran cantidad de desinformación que distribuyó entre la gente de Gualeguaychú, envenenando la mente de los miembros de la Asamblea de vecinos, condición de la que no pudieron –o no quisieron- recuperarse.
Jugó en contra de la decisión del gobierno de poner fin a un entredicho absurdo con Uruguay la manifiesta incapacidad de reconocer como válidos los estudios de impacto ambiental que había disponibles, y los informes de análisis realizados por organizaciones del calibre de Green Cross, y otras imparciales como consultoras canadienses. Informes que finalmente se reconocieron como válidos en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El empecinamiento en seguir por la senda equivocada no puede traerle a nuestro país más que vergüenza y bochorno ante el mundo civilizado.
Presidente de FAEC
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