Opinión: por José Antonio Artusi
[losprincipiosonline.com.ar]
16 de noviembre, 2005
A esta altura del partido, ya resulta agotador tener que seguir aclarando las “zonceras” de Greenpeace, de las que la mayor parte de los medios se hace eco. Pero, evidente-mente, no nos queda más remedio. El sitio “Informe Digital” publica hoy una nota titulada “No todos dijeron No”, que reproducimos a continuación de manera textual, seguida por las aclaraciones del caso:
“En medio de la discusión por los derechos ambientales estando en boga la contamina-ción que producirán las papeleras sobre el río Uruguay, no es malo recordar que de los nueve (9) diputados nacionales que tiene Entre Ríos, seis (6) votaron en la Cámara de Diputados de la Nación aprobando la ratificación del Acuerdo Nuclear con Australia en diciembre de 2004, que abre la puerta para el intento de ingresar residuos nucleares desde Australia a la Argentina violando la Constitución Nacional.
Como la Presidencia de la Cámara no accedió al pedido de voto electrónico reclamado por varios diputados se votó a "mano alzada" no quedando así registro de los votos. Esta planilla fue confeccionada en base a diferentes fuentes y a la consulta directa a los Diputados elaborada por Greenpeace de Argentina…
Greenpeace anunció una activa campaña de resistencia luego de conocer la aprobación, en el Congreso Nacional, del Acuerdo Nuclear con Australia, que permitirá el ingreso de basura nuclear a nuestro país. “Esta lucha recién comienza, no hemos claudicado antes y ahora no vamos a bajar los brazos hasta que esta errónea medida sea derogada”, anunció la organización ambientalista. Por otra parte, más de 300 organizaciones ambientalistas no gubernamentales han repudiado la medida y anunciado que apelarán ante la Justicia federal. Por ello, Greenpeace advirtió al gobierno de Australia acerca de la inseguridad jurídica del acuerdo con la Argentina.
“Cualquier acto que viole las prohibiciones del artículo 41 de la Constitución Nacional no sólo será un grave error institucional, sino que además será altamente resistido y de muy difícil concreción”, dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpea-ce Argentina. “La aprobación del Acuerdo se ha dado en cada una de sus etapas con falta de transparencia y buscando su aprobación en las sombras, así avanzó en el 2001 en el Senado Nacional y ahora se buscó ahora, en el 2004, que el discurso del presi-dente Kirchner en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP10) distrajera la manio-bra que se puso en marcha en Diputados. La lucha recién comienza, seguiremos peleando para que esta medida sea revisada”, agregó. “El procedimiento es típico de cómo ha sido todo el proceso de este Acuerdo, siempre buscando hacerlo en las sombras y a espaldas de la mirada pública”.
El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la promesa realizada por la empresa rionegrina INVAP de traer los residuos australianos para ser tratados en Argentina. Según el constitucionalista Daniel Sabsay, el Acuerdo "infringe de manera palmaria y manifiesta el claro texto del artículo 41 de la Consti-tución nacional".
Los que votaron a favor:Aclarando entonces: en primer lugar, se hace mención, sin que el tema en cuestión tenga nada que ver con ellas, a las “papeleras sobre el río Uruguay”. En realidad, no se trata de “papeleras”, sino de plantas elabo-radoras de celulosa. Pero ese es otro tema.
Dice luego la nota “no es malo recordar que de los nueve (9) diputados nacionales que tiene Entre Ríos, seis (6) votaron en la Cámara de Diputados de la Nación aprobando la ratificación del Acuerdo Nuclear con Australia en diciembre de 2004, que abre la puerta para el intento de ingresar residuos nucleares desde Australia a la Argentina violando la Constitución Nacional”.
En realidad, 6 diputados entrerrianos votaron a favor del Acuerdo con Australia para la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear, que antes había sido aprobado por unanimidad por el Senado de la nación, y que no se aprobó antes por el persistente y antinacional lobby liderado por Greenpeace y otras organizacio-nes, que montó una fenomenal campaña de desinformación y propaganda, al más puro estilo goebbeliano, con notable éxito en la opinión pública.
Esos 6 diputados entrerrianos, asistidos por la razón y el sentido común, y en defensa del interés nacional, votaron junto con la mayoría, y por ende el acuerdo quedó ratificado. En el ínterin, muchos diputados dudaron, ante los persistentes y fascistoides “escraches” de Greenpeace, y por temor a ser considerados poco menos que “ecocidas”. El acuerdo no abre ninguna puerta a ningún intento de ningún tipo de “residuos nucleares”, “desde Australia a la Argentina”, y por ende no es violatorio de la Constitución nacional. La posibilidad que permite es que “elementos combustibles gastados” de un reactor nuclear que la Argentina provea a Australia sean acondicionados en Argentina si Australia así lo solicita, para su posterior disposición final en Australia. De modo tal que el fantasma del tan publicitado “basurero nuclear” sólo puede existir en la febril imaginación de quienes pretenden utilizar el terror inculcado en la opinión pública vaya uno a saber con qué propósitos.
Sigue la nota:
“Greenpeace anunció una activa campaña de resistencia luego de conocer la aprobación, en el Congreso Nacional, del Acuerdo Nuclear con Australia, que permitirá el ingreso de basura nuclear a nuestro país. 'Esta lucha recién comienza, no hemos claudicado antes y ahora no vamos a bajar los brazos hasta que esta errónea medida sea derogada', anunció la organización ambientalista. Por otra parte, más de 300 organizaciones ambientalistas no gubernamentales han repudiado la medida y anunciado que apelarán ante la Justicia federal. Por ello, Greenpeace advirtió al gobierno de Australia acerca de la inseguridad jurídica del acuerdo con la Argentina.”
Si hay algún mérito que reconocerle a Greenpeace no cabe duda que es la perseverancia; aún contra la opinión de la enorme mayoría de los legítimos representantes del pueblo argentino, contra la opinión de las academias científicas nacionales y de universidades nacionales, contra la opinión de colegios de abogados y numerosos constitucionalistas, ellos siguen adelante y no bajan los brazos.
Admirable; si no fuera una perseverancia digna de mejores causas, a favor y no en contra del interés nacional, como casi todo lo que hace Greenpeace. Si la ley que aprueba el acuerdo es inconstitucional, como alegan, debieran haberlo denunciado a la Justicia. Desconocemos si lo han hecho, como para “apelar” ante la Justicia Federal, en caso de haberse expedido ésta en primera instancia. No nos extraña la última oración, acerca de la advertencia de Greenpeace al gobierno australiano sobre la “inseguridad jurídica del acuerdo con la Argentina”. Qué le hace una mancha más al tigre? Por suerte, en Australia ya los conocen; y tomarán esta “advertencia” como de quien viene.
La nota finaliza señalando:
“Cualquier acto que viole las prohibiciones del artículo 41 de la Constitución Nacional no sólo será un grave error institucional, sino que además será altamente resistido y de muy difícil concreción”, dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina. “La aprobación del Acuerdo se ha dado en cada una de sus etapas con falta de transparencia y buscando su aprobación en las sombras, así avanzó en el 2001 en el Senado Nacional y ahora se buscó ahora, en el 2004, que el discurso del presi-dente Kirchner en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP10) distrajera la maniobra que se puso en marcha en Diputados. La lucha recién comienza, seguiremos peleando para que esta medida sea revisa-da”, agregó. “El procedimiento es típico de cómo ha sido todo el proceso de este Acuerdo, siempre buscando hacerlo en las sombras y a espaldas de la mirada pública”.
El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la promesa realizada por la empresa rionegrina INVAP de traer los residuos australianos para ser tratados en Argentina. Según el constitucionalista Daniel Sabsay, el Acuerdo "infringe de manera palmaria y manifiesta el claro texto del artículo 41 de la Consti-tución nacional".
Es obvio que cualquier acto que “viole las prohibiciones del artículo 41 de la CN” no sólo sería un “grave error institucional”, sino lisa y llanamente inconstitucional. El problema radica en que el acuerdo con Australia no lo es, porque no se refiere a residuos radiactivos, sino a “elementos combustibles gastados”, que es otra cosa; y sólo permite su eventual acondicionamiento en Argentina, luego de oblar los australianos los dinerillos que ello demandaría, para su posterior destino final fuera de la Argentina. Esta posibilidad es hoy – además – altamente improbable, dado que ni siquiera serán acondicionados en la Argentina, sino en Estados Unidos, que tiene interés en hacerlo, y en guardarlos, por otros motivos, vinculados a razones de seguridad y defensa.
Es absolutamente falso que la “la aprobación del acuerdo se ha dado en cada una de sus etapas con falta de transparencia”. Una vez firmado el acuerdo por el Poder Ejecutivo, cuando el Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini era Canciller, el texto del mismo se remitió como corresponde al Congreso de la nación para su ratificación parlamentaria, y por lo tanto fue de dominio público. Fue debatido en numerosas comisiones, los legisladores consultaron a diversos organismos científicos y jurídicos nacionales, y finalmente se convirtió en ley luego de ser votado favorablemente por ambas cámaras.
A lo largo de todo el proceso la opinión pública debió soportar un verdadero bombardeo mediático por parte de las organizaciones opositoras al acuerdo, que intentaron convencer a la ciudadanía que corríamos riesgo de convertirnos en un “basurero nuclear”. Pocas veces se han dicho en la historia argentina disparates de este calibre con tanta impunidad y desparpajo.
La mención que se hace a la empresa rionegrina INVAP no es casual. Desde un principio se intentó confundir el contrato comercial que ésta empresa estatal – verdadero orgullo de los argentinos que no nos resignamos a ser colonia – firmó con la agencia nuclear australiana (ANSTO), con el acuerdo bilateral, de país soberano a país soberano, que la Argentina firmó con Australia, para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear.
Este es público, no contiene cláusulas secretas de ninguna especie. Hoy tiene en la Argentina rango de ley nacional, publicada como corresponde en el Boletín Oficial, y puede ser consultada por quien quiera. El primero es un contrato confidencial, que contiene información técnica reservada, a efectos de evitar las prácticas de “espionaje industrial” que otras empresas del primer mundo harían, para aprovecharse del valiosísimo “saber hacer” que ha desarrollado en este campo INVAP, como producto del arduo y esforzado trabajo de ingenieros, técnicos y obreros argentinos a lo largo de muchos años.
No es ocioso recordar que el contrato surgió como consecuencia del éxito de INVAP en una licitación interna-cional para proveer a la ANSTO de un reactor nuclear de investigación y de producción de radiosiótopos para usos medicinales, que se está construyendo según lo previsto en la localidad australiana de Lucas Heights. En esa licitación, INVAP no sólo logró ser convocada dentro de un reducido grupo de empresas líderes en todo el mundo, sino que se dio el lujo de derrotar a Siemens y a otras empresas de países centrales.
La provisión del reactor constituye la mayor exportación argentina de tecnología llave en mano en toda su historia. INVAP no hizo ninguna promesa extraña, más que la de cumplir en tiempo y forma sus compromisos contractuales. La opinión de Sabsay es respetable, como cualquier otra, pero contradice “de manera palmaria y manifiesta” a la de otros prestigiosos constitucionalistas (entre otros el Dr. Cavagna Martínez, el Dr. Reynaldo Vanossi, y el Dr. Félix Loñ), así como a la de las academias científicas nacionales, que el 23 de Agosto emitieron una contundente pero escasamente conocida declaración.
Esta, en su parte final, señala que “tratando la cuestión con seriedad, no vemos que se pueda arribar a otra conclusión que no sea que el Acuerdo con Australia en modo alguno contraviene la Constitución nacional… La aprobación por la Cámara de Diputados del acuerdo marco de colaboración con Australia es de vital importan-cia para que esta actividad pueda continuar y para que la Argentina realice su destino tecnológico… la cance-lación de ese acuerdo relegaría al país a la triste categoría de socio no confiable y significaría condenar al fracaso la industria nuclear argentina. En último análisis la consecuencia de tal frustración sería empujarnos hacia la pobreza y el atraso…”.
Y agrego yo, pobreza y atraso que están en la raíz, en la génesis de los más angustiantes y acuciantes problemas ambientales que sufre nuestro pueblo; la falta de agua potable (contaminada las más de las veces por falta de cloacas), los basurales a cielo abierto, la criminal siniestralidad vial, la contaminación del aire en interiores por falta de combustibles adecuados, la contaminación del aire en centros urbanos por el transporte automotor, etc..
En realidad, quizás esta tardía reacción frente a lo que para Greenpeace ya debiera ser una batalla perdida no sea más que otra cortina de humo que sirva para ir generando el “clima” necesario para otras rocambolescas denuncias y “campañas”, por ejemplo en contra de la terminación de Atucha II, obra que con absoluta razón el gobierno nacional ha decidido apoyar.
Habrá que estar atento. Habrá más “zonceras” por venir. No importa. A la perseverancia del lobby antinacional que se disfraza de verde opondremos la perseverancia de la defensa del interés nacional y del verdadero cuida-do del ambiente. Aún quienes somos férreos opositores del gobierno nacional en muchos otros campos no vaci-laremos en acompañar – sin pedir nada a cambio, entiéndase bien – las medidas acertadas que la administración nacional emprenda en pos del desarrollo nuclear argentino, estrategia clave en el camino del progreso con autodeterminación.
Los diputados nacionales que votaron a favor del acuerdo con Australia no tienen nada de qué avergonzarse; por el contrario, deben sentirse orgullosos de haber resistido la tentación facilista de la “corrección política” dictada por organizaciones antinacionales que carecen de razones científicas valederas. Los peronistas han honrado la memoria de Juan Domingo Perón. Los radicales la de Hipólito Yrigoyen. Los conservadores la de Pellegrini, los socialistas la de Juan B. Justo, los demócratas progresistas la de Lisandro de la Torre. Deben sentir la solidaridad de muchos ciudadanos, de diversas orientaciones políticas, que no nos tragamos los versos y las zonceras de ciertas organizaciones, por más que Pergolini, Guinzburg y Darín nos insten a hacerlo por televisión.
José Antonio Artusi
Concepción del Uruguay, Noviembre de 2005.
