Por Eduardo Ferreyra
Presidente de FAEC
El 16 de junio pasado, Greenpeace emitió un parte de prensa en su sitio de Internet alertando, escanda-lizada, sobre la manera irresponsable en que la Comisión Argentina de Energía Atómica (CNEA) tenía escondido en el puerto, y se aprestaba a introducir ilegalmente, 9 contenedores de uranio natural pro-venientes, de acuerdo a lo “descubierto por ellos,” desde Estados Unidos –venía de Canadá.
Nos gustaría saber quién le tendió la trampa a Greenpeace para hacer que se equivocara tan feo en el asunto. Alguien le pasó el dato, seguramente, de que la empresa Dioxitek de Córdoba “pretendía con-trabandear uranio a la Argentina,” y que el Artículo 26 de la Constitución de la ciudad Autónoma de Buenos Aires prohíbe absolutamente el tránsito de material radioactivo y residuos tóxicos por sus calles. Greenpeace compró “carne podrida” y su jefe de campañas irracionales salió a declarar la peligrosidad del tránsito del uranio por esas callecitas de Buenos Aires, donde los semáforos le darían a los camiones contrabandistas de uranio tres luces azules.
Esta organización de verdaderos paranoicos verdes emitió un comunicado de prensa tergiversando y retorciendo todos los hechos que hay para tergiversar y retorcer, y además falseó el resto. Entre las fantasías que publican figuran estas perlas del desatino:
La CNEA amparándose en una falaz interpretación del artículo 26 de la Constitución porteña que prohíbe el tránsito de sustancias radiactivas por la Ciudad Autónoma y sólo lo autoriza para aquellos casos en que el destino del material sea “industrial” o “medicinal”.
A través de un comunicado de prensa publicado en su sitio web, la CNEA afirmó que el mate-rial importado será destinado a la “fabricación de elementos combustibles para los reactores nucleares argentinos que generan desde energía eléctrica hasta radioisótopos para aplicacio-nes en uso médico”.
Sin embargo, “la fabricación de elementos combustibles” para la producción de energía nuceloeléctrica no se encuentra dentro de los usos industriales identificados por Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) (1)
¡Qué chicana introducen aquí los eco-loquitos! Claro, según Gr$$n-pis, la actividad de Dioxitek no es industrial. La generación de electricidad por las centrales nucleares no es industrial. Vamos bien. Los radioisótopos producidos por el combustible nuclear fabricado por Dioxitek no tienen aplicaciones “medicinales.” Seguimos mejor.
El tema es que Gr$$n-pis mezcla aquí al Art. 26 de la constitución Porteña con una definición de la Autoridad Regulatoria Nuclear que no está contemplada, ni mencionada, ni tipificada, ni reglamentada, por la Constitución, ni de Buenos Aires, ni de la Argentina, ni de ninguna otra nación de la Tierra. Por lo tanto no puede haber “una falaz interpretación del artículo 26”, porque ese artículo no habla nada más que de usos industriales y médicos. ¿Cuáles son los usos industriales de los materiales radioactivos en la Argentina? Primero, la generación eléctrica, dado que es la actividad que mayor tonelaje de uranio emplea. Segundo, la producción de radioisótopos para ensayos no destructivos en la ingeniería pesada, fundiciones, construcción, mecánica, aeronáutica, etc.
La CNEA se valió de un vacío legal provocado por la falta de reglamentación del artículo 26 de la Constitución porteña para forzar la salida de los contenedores, ocurrida anoche en el marco de un sigiloso operativo que contó con la complicidad de las autoridades nacionales.
Complicidad de las autoridades nacionales. Esto es grave. Ya no se trata de asustar a la gente con la no tan inocente intención de recaudar dinero, sino de presentar a las autoridades nacionales como cómplices de un delito. Dr. Kirchner, tome nota, lo hacen cómplice a usted de un crimen casi de lesa humanidad, prácticamente de genocidio. Usted será cómplice de causar la muerte por cáncer de varios millones de pobladores de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba por el paso del convoy hasta Dioxitek.
En cualquier momento Gr$$n-pis contrata al CEDHA para que enjuicie a la Presidencia de la Nación, a los ministros del Interior, al jefe de Gabinete, y a los ministros que corresponda. Si la ONG cree que hay complicidad de las autoridades nacionales, entonces tiene la obligación de llevar el caso a la Justicia y no parar hasta la Corte Suprema de Justicia. Será para alquilar balcones.
Por la plata baila el mono, y GR$$n-pis también
Claro que, además de la ridícula denuncia, terminaban pidiendo donaciones para contribuir con sus campañas en pos de la desindustrialización de Argentina y la continuidad del status neocolonial que sus organizaciones controladoras en el Viejo Mundo consideran que es correcto para los argentinos.
Es la única excusa para una “metida de pata” soberbia. Porque si, por el otro lado, la organización mul-tinacional (holandesa) del ecologismo irracional tiene los conocimientos científicos y de la jurisprudencia que afirma tener, no podía hablar de “transporte peligroso” ni mucho menos de ilegalidad. Pero si no asustan a la gente con sus inventados peligros ni la escandalizan con alguna presunta ilegalidad, la gente se siente reacia a donar sus dinerillos tan duramente ganados.
Los dirigentes de Greenpeace parecerían no aprender de sus propios fracasos, aunque quizás sus cam-pañas no sean tan fiascos como parecerían ser. Aunque no consiguen sus objetivos de detener la cons-trucción de papeleras, ni detener desmontes, ni la caza de ballenas, ni salvar jaguar alguno (si algún día lo consiguen se les termina el negocio!), sus balances anuales muestran una envidiable salud. De acuerdo con informaciones periodísticas de la Madre Patria, Greenpeace contaría con unos 2,5 millones de adherentes que contribuyen con un mínimo mensual de 9 Euros cada uno, pero hacen un promedio de 20 Euros mensuales.De tal manera, Greenpeace Internacional recauda la bonita suma de alrededor de 45 a 50 millones de Euros mensuales, libres de impuestos, limpios de polvo y paja, lo que le permite vanaglo-riarse de que “no recibe dinero de los gobiernos”. ¿Para qué? No les hace falta. Tanto es así que sus fondos les permitió hasta comprar acciones de la Royal Dutch/Shell para influir en sus decisiones, cuando denunciaron que la plataforma que la Shell hundiría en el Mar del Norte causaría una hecatom-be ecológica. ¿Qué paso? Se habían “equivocado” –pobrecitos. Y tuvieron que pedir disculpas por pape-lonazo cometido y el inútil escándalo provocado.
Claro que mientras duró el escándalo recaudaron dinero a paladas. No hay como lanzar una campaña de alarma (por estúpida o mentirosa que sea) para llenarse los bolsillos de plata. En eso Greenpeace es un Campeón Mundial. Pero como esa táctica ha sido reconocida por autoridades concientes, la condición de organización “caritativa” y “libre de impuestos” le fue revocada en Canadá y los Estados Unidos hace años. Sin embargo en Argentina las autoridades no “importan” ese tipo de experiencia de los países serios de norte, sino que les encanta importar las prohibiciones impulsadas por los verdes que sí nos envían constantemente desde el norte.
El tema es que esta vez, la denuncia del uranio ha demostrado una vez más que Greenpeace le ha mentido a la población, como también lo hizo en Córdoba quien fuera vicepresidente de Greenpeace Argentina, el biólogo Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, la ONG colega de Greenpeace en el interior del país. La prensa del país se refirió al fiasco de Greenpeace de la siguiente manera:
La Comisión Nacional de Energía Atómica desmintió afirmaciones de la organización transnacional Greenpeace, al señalar que "la importación de concentrado de uranio es una operación comercial corriente totalmente lícita":
IMPORTACIÓN DE CONCENTRADO DE URANIO NATURAL POR EL PUERTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESLa empresa DIOXITEK S.A., de la cual la Comisión Nacional de Energía Atómica es propietaria del 99% del paquete accionario, ha efectuado una importación rutinaria de concentrado de uranio natural por el Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Planta de Producción de Dióxido de Uranio que la nombrada empresa tiene en la Ciudad de Córdoba, como lo viene haciendo regularmente durante los últimos diez años.
La importación de concentrado de uranio es una operación comercial corriente totalmente lícita. Se trata de materia prima inocua desde el punto de vista radiactivo, destinada a la fabricación de elementos combustibles para los reactores nucleares argentinos que generan desde energía eléctrica hasta radioisótopos para aplicaciones en uso médico - incluidos hospitales del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires- y en usos en actividades agropecuarias, industriales y de investigación y desarrollo desde hace más de medio siglo, en forma segura y eficiente, que han colocado a nuestro país en un plano descollante a nivel internacional.
Según trascendió a través de algunos medios de comunicación masiva, una asociación ambientalista declaradamente antinuclear habría formulado una denuncia ante autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la supuesta “peligrosidad” del transporte de ese material a través de la ciudad que violaría, a su criterio, las disposiciones constitucionales de la misma, provocando con esa denuncia interferencias en dicho transporte hacia su destino final, que pueden llegar a generar perjuicios, inclui-dos fiscales, de difícil y costosa reparación, y aún serias dificultades a la normal provisión de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, con el consiguiente daño para la actividad industrial y el bienestar de la población.
No se trata para nada del transporte de “residuos radiactivos” como ha dejado trascender a través de algunos medios la referida asociación ambientalista; la “Convención conjunta sobre la gestión segura de los combustibles gastados y sobre la gestión segura de los residuos radiactivos”, ratificada por Ley Nº 25.279, define claramente a los residuos radiactivos, y esa definición en modo alguno puede ser aplicada al concentrado de uranio natural sin cometer una grosera inexactitud de graves implicancias.
En cuanto al transporte del mencionado material, el mismo es cuidadosamente regulado y controlado por el organismo competente, la Autoridad Regulatoria Nuclear, en cumplimento de la legislación federal vigente: la Ley Nº 24.804 y la Norma ARN 10.16.1 Rev 1 (Res. ARN 11 del 5/7/2001- B.O. 17/7/01). Ese transporte se realiza desde hace más de cincuenta años de forma rutinaria, cumpliendo la norma-tiva federal (Ley Nº 24.449 y Decreto Reglamentario Nº 779/95) relativa al transporte de dicho mate-rial.
El tránsito del concentrado de uranio natural a través de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no viola, en modo alguno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma, y la legislación utilizada para la operatoria por DIOXITEK S.A. y la Autoridad Regulatoria Nuclear se ajusta al artículo 10 de la citada Constitución.
Resulta obvio recordar que la actividad nuclear es lícita, declarada de interés nacional por Decreto Nº 7006/60, amparada por normas constitucionales (artículos 14 y 75 incisos 18 y 19) y demás legislación federal dictada en consecuencia (Decreto-Ley Nº 22.498/56, ratificado por Ley Nº 14.467, Ley Nº 24.804, Ley Nº 25.018) y por numerosos tratados Internacionales ratificados por el Honorable Congre-so Nacional.
Relacionado con todo esto, se aplica lo que alguna vez dijo sabiamente Albert Einstein:
“Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y solamente serán exito-sos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos; … Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas, con una historia fantástica; pero, probablemente, no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico”
Sería conveniente que la gente de Greenpeace fuese anotando el número de los decretos y leyes que regulan y legisla todo lo relativo a la actividad de las centrales nucleares, sus combustibles, sus insumos, y hasta sus residuos, para que de una vez por todas dejen de alarmar a la población con sus absurdas neurosis nucleares y de otros tipos. Claro que si dejan de asustar a la gente, no recaudarán dinero para comprar esos vistosos disfraces que usan en sus actividades circenses.
Eduardo FerreyraEl “Informe Anual (1999)” de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) identifica como “instalaciones médicas, industriales y de investigación y docencia” a: “ciclotrón y línea de producción de radioisó-topos para pet, ciclotrón de producción, instalaciones para diagnóstico y tratamiento médico, labora-torios de producción de generadores de tecnecio, planta de fabricación de fuentes para gammagrafía, centros de medicina nuclear, laboratorios de diagnóstico 'in vitro', medidores industriales, uso de radio-isótopos en la exploración y explotación petrolífera, gammagrafía industrial, centros de investigación y docencia” y, según Gr$$npeace, deja expresamente fuera de estas actividades a la producción de energía nucleoeléctrica. También deja afuera la fabricación de bombas atómicas -y qué?
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